Sabido es que el sector energético español está caracterizado por una estructura de consumo dominada por productos petrolíferos, seguida por otros de procedencia fósil como el gas natural y el carbón, que suponen en su totalidad el 78,7% de la energía total demandada, importados prácticamente en su totalidad. Si a esto si le sumamos la aportación de la energía nuclear que supone un 12,2% y la reducida participación de fuentes de procedencia de energía renovables en un escaso 11,1%, favorece que nuestro mix-energético tenga una reducida aportación de recursos autóctonos, implicando una elevada dependencia energética externa.
No se hace difícil entender que si para poder abastecer energéticamente a un país dependes, en casi un 80%, de fuentes de energía importadas, esto repercutirá de forma no muy positiva en el control del precio de la energía y quedamos a merced de aquellos que mueven los hilos a nivel internacional. Ahora, …, solucionado el problema de la autosuficiencia energética: ¿conseguiríamos lo necesario para tener un mercado transparente y competitivo que redundara de forma positiva en los intereses del usuario final?
La electricidad debe ser considerada un bien básico, a cuyo acceso tienen derecho todos los ciudadanos
Durante el periodo del año 1988 al 1997, se reguló en España el conjunto de normas y leyes que regularon (ordenaron) el sector eléctrico que denominaron Mercado Legal Estable. Una de las máximas de este marco legislativo era que la regulación estaba basada sobre las premisas de que el sector eléctrico es un elemento estratégico para el desarrollo nacional y de que la electricidad debe ser considerada un bien básico, a cuyo acceso tienen derecho todos los ciudadanos.
Partiendo de esta base parece lógico pensar que no es una mala filosofía la de considerar que la electricidad es un bien constitucional y de derecho público al servicio de los ciudadanos. Por esta razón, los gobiernos que se han sucedido desde entonces han ido priorizando la implantación y desarrollo de lo que llamaron Mercado Libre, que es el que actualmente tenemos desde junio de 2009.
Una de las teorías más conocidas sobre mercados competitivos es que el libre mercado es fundamental para evitar tendencias monopólicas
Una de las teorías más conocidas sobre mercados competitivos es que el libre mercado es fundamental para evitar tendencias monopólicas cuya principal característica es que aumentando la competitividad entre las empresas ofertantes del servicio, asegurará que los recursos sean asignados de forma más eficiente favoreciendo que los consumidores puedan disponer de una amplio abanico de productos-servicios que mejoren la calidad y el precio según mercado.
Llegado a este punto, parece que España va por el camino adecuado, pero como suele suceder, la realidad a veces dista mucho de los planeamientos teóricos. Como decía unas líneas atrás, de entre todas las cosas no tan buenas que podría tener el anterior Mercado Legal Estable, había una fundamental: el derecho constitucional a que cada español tuviera un suministro energético de calidad a un precio asequible a la renta de cada familia. Nuestro “papá”, el Estado, ya se encargaba bien de garantizar esto y por esta razón controlaba cada uno de los agentes que intervenían él, sobre todo en lo que se refiere a la generación energética. Las diferentes fuentes de generación, incluidas las del régimen especial (renovables, cogeneración, …) eran impuestas por el Estado a los generadores y como contraprestación, recibían además unos incentivos que compensaban la escasa madurez competitiva de estas tecnologías, con el trasfondo fundamental de que nuestro país tiene un objetivo de implementación y fomento de energías sostenibles con el medio ambiente impuestos por diferentes compromisos internacionales y europeos mediante acuerdos vinculantes. Llegado el Mercado Liberalizado, la generación también lo hizo y ya la responsabilidad de generar o apostar por una tecnología concreta se transfirió a cualquier empresa o persona física que decidiera apostar por este tipo de actividades. En este aspecto, las energías renovables, la cogeneración, entre otras, seguirían siendo primadas debido a que el Gobierno seguía con el compromiso de cumplir estos acuerdos, tomando como bandera el famoso 20-20-20, y que aún estas tecnologías no eran lo suficientemente competitivas como para hacerlas inversiones rentables a un periodo razonable de viabilidad, debido a que muchas de ellas todavía no había llegado a la paridad de red.
En este escenario, los productores apostaron por las tecnologías renovables en base a una serie de Reales Decretos que les amparaban, y entre muchas de las buenas consecuencias que obtuvieron fue la respuesta muy positiva no sólo desde el punto de vista medioambiental, sino que generando nuestra propia energía favorecíamos nuestra auto-dependencia evitando en la medida de lo posible la importación de energía primaria; mejorábamos la eficiencia del sistema de distribución de la energía eléctrica debido a la generación distribuida, y sobre todo, el cliente final (consumidor) veía reflejado en su factura las bondades de esta tecnología al conseguir que la energía eléctrica se negocie a un precio más competitivo en el Mercado Mayorista.
La realidad sigue dándonos palos y mostrándonos que quienes manejan realmente los hilos de la energía son los que anteriormente formaban el oligopolio de las grandes generadoras. En un supuesto en el que un empresario en un momento dado decide realizar una inversión para encontrar una determinada rentabilidad económica, parece lógico que si no la obtiene deberá de asumir este riesgo y como dicen: “yo me lo guiso y yo me lo como, como Juan Palomo”.
Las grandes eléctricas decidieron, ya en este mercado libre, apostar por ciertas tecnologías muy eficientes y viables como son las de ciclo combinado con gas natural, en una previsión errónea en cuanto a volumen, ya que no contaron con los grandes beneficios que para nuestro mix-energético iban a producir las energías renovables. Esta beneficiosa aportación (renovables) ha provocado que en el Mercado Mayorista, al tener prioridad de acceso, dejara durante años fuera de posibilidad de inyección a casi el 80% de los parques de ciclos combinados de nuestro país, provocando que al tratarse de una energía que participa a precio cero en este mercado, desplace a las demás energías contaminantes o convencionales.
Este año 2013, podríamos decir que ha sido uno de los años más convulsos en esta materia, y por desgracia nos ha hecho abrir los ojos para ver que en realidad el actual Gobierno sigue manejado por los hilos del Oligopolio formado por las empresas de UNESA. Queda claro ya, que si una tecnología renovable está evitando que estas empresas puedan vender su tecnología de ciclos combinados, harían lo posible para facilitar las herramientas que entorpezcan su crecimiento, mediantes la definición de “peajes de respaldo” ilegales, medidas retroactivas a las retribuciones de las primas, o la generación de impuestos que graven la generación energética y que en el caso de las renovables sería aún más acuciante debido a su poca madurez competitiva.
Don Quijote dela Mancha, en su “aparente locura” ya luchaba contra molinos de viento que aparentaban ser lo que no son, algo que no dista mucho de nuestra realidad.
Autor: Amador Martínez Jiménez | Presidente dela Asociación Provincial de Empresas de Energías Renovables | Director Ejecutivo de Itcea+.
Fuente: La voz de Almería
Descarga: Anuario de innovación (pg 32 – 33)
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